En su recorrido de 650 kilómetros por Santa Fe, el río Salado norte –diferente al río Salado Sur, que recorre la faja central y el noroeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fé– recibe aguas residuales de actividades agrícolas, industriales y domésticas que impactan en la biodiversidad. Un reciente estudio desarrollado por una decena de investigadores del CONICET en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en conjunto con especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), detectó altos niveles de contaminación por metales y agroquímicos en los sedimentos y aguas de la cuenca baja del Salado, lo que pone en riesgo la vida de anfibios y peces.

Para ello, se tomaron muestras de agua y sedimentos en tres localidades diferentes: en el arroyo Cululú, un afluente de la cuenca del río Salado, la costa del camping municipal de Ciudad Esperanza, y la playa de la ciudad de Santo Tomé, las dos ciudades más importantes de la cuenca baja de este río. En todos los casos analizaron distintos parámetros fisicoquímicos y de metales, y detectaron que la calidad del agua es “marginal”, es decir, mala. El análisis mostró bajos niveles de oxígeno disuelto y altos niveles de sólidos suspendidos totales, incluidos fosfato, nitrito, conductividad, plomo, cromo y cobre. Específicamente, las concentraciones de metales fueron entre 34.000 y 35.000 veces más altas en los sedimentos que en las muestras de agua.

“Me sorprendió la excesiva cantidad de cromo que encontramos. Hace años trabajamos en análisis de agua y, si bien es habitual encontrar excesos de cobre, no ocurría lo mismo con el cromo, que en las muestras que tomamos cerca de la ciudad de Esperanza, por ejemplo, excedieron el límite de protección de la vida acuática determinado por la legislación argentina”, advierte la investigadora Carolina Aronzon, del CONICET y el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la UNSAM.

La especialista aclara que, si bien todos los metales están naturalmente en el territorio, la actividad antrópica –recreativa e industrial– aumenta esos niveles. En el caso del arroyo Cururú, por ejemplo, las actividades vinculadas con las industrias del cuero, vidrio, metalurgia, galvanoplastia, agrícola y láctea afectan la calidad de los sedimentos del fondo de la cuenca de este curso de agua.

“Solo consideramos metales y otros parámetros fisicoquímicos en base a los limites establecidos por las reglamentaciones, pero si a eso le sumamos los plaguicidas, el escenario es aún peor”, agrega Aronzon, que es doctora en Ciencias Biológicas. A partir de este trabajo, se detectó la presencia de 30 plaguicidas diferentes en todas las muestras de agua y sedimentos. Por ejemplo, en todas las muestras encontraron glifosato y su metabolito (ácido aminometilfosfónico o AMPA), N,N-Dietil-meta-toluamida (DEET, presente en la mayoría de los repelentes de insectos) y atrazina (que es un disruptor endócrino).

“Que los análisis químicos hayan sido realizados por expertos y expertas de tanta relevancia, refuerza mucho los resultados”, dice Rafael Lajmanovich, del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (FBCB-UNL), y destaca no solo el esfuerzo de Aronzon y su colega Julieta Peluzo, de la UNSAM, que viajaron a Santa Fe para poder llevar a cabo esta investigación, así como también el de Eduardo de Gerónimo y Virginia Aparicio, del INTA, y el de Lautaro Valenzuela, de la CNEA, para la realización de los análisis químicos de residuos de pesticidas y metales.

La alta contaminación debido a la presencia de metales y agroquímicos, sumado al bajo nivel de oxígeno disuelto y los aumentos abruptos de la temperatura, afectan directamente a la fauna que habita en el río. Estudios previos daban cuenta de su impacto en las poblaciones de peces, que ha causado su mortalidad masiva en toda la cuenca del río, y que también afecta a los anfibios.

Al respecto, este trabajo también evalúa la toxicidad letal y subletal de las muestras de agua y sedimentos a través de biomarcadores en larvas de anfibios, como estrés oxidativo, neurotoxicidad y genotoxicidad. Para ello, adoptaron los protocolos que venían utilizando en otras investigaciones con muestras de agua contaminada, de manera tal que les permitiera incluir los sedimentos. Allí, en las muestras de agua con sedimentos pusieron ejemplares de larvas de R. arenarum larvas, una especie anfibia nativa, que habita en esa zona.

“En una de las muestras, la que tomamos en el arroyo Cululú, que es un afluente del río Salado, detectamos mortalidad”, alerta Aronzon y detalla que esta llegó a un nivel de mortandad máximo del 50% de las larvas, luego de 408 horas. En el resto de las muestras detectaron efectos subletales, como estrés oxidativo y genotoxicidad.

Al respecto, en el artículo “Calidad ambiental y ecotoxicidad de sedimentos de la cuenca baja del río Salado (Santa Fe, Argentina) sobre larvas de anfibios”, que ha sido recientemente publicado en la revista científica Science Direct, este grupo de investigación interdisciplinario, en el que participaron expertos en Ecotoxicología, Ecología y Química Ambiental, se advierte que según los datos fisicoquímicos y la evaluación de ecotoxicidad, “esta importante cuenca fluvial está significativamente degradada y puede representar un riesgo para la biota acuática”.

Por eso, advierten que es necesario un monitoreo espacio-temporal exhaustivo en cuanto a la presencia de contaminantes agrícolas e industriales, así como aumentar de manera “urgente” la distancia de los cultivos transgénicos dependientes de plaguicidas de los ecosistemas acuáticos. Si se considera solo el uso del glifosato, se estima que, en la Argentina, los agricultores aplican anualmente más de 12 litros por hectárea (el promedio en el mundo es de tres litros por hectárea), generalmente mezclados con otros herbicidas. “Es necesario tomar medidas para evitar que esta situación empeore porque ya tenemos un ecosistema degradado”, advierte Aronzon.

Por su parte, Lajmanovich destaca que la contaminación es una “amenaza silenciosa” que está poniendo en riesgo los humedales mientras se sigue postergando la sanción de una ley que regule su uso, que se está debatiendo desde hace diez años y ha sido consensuada por científicos, profesionales y representantes de la sociedad civil. “Los incendios son las amenazas para los humedales que más resuenan, pero no son las únicas”, afirma el especialista, que se dedica al estudio del impacto de contaminantes ambientales en anfibios desde hace más de dos décadas, y concluye: “Este trabajo debería ser tenido muy en cuenta, porque demuestra que toda una cuenca, que es parte de un gran humedal, está contaminada con plaguicidas y otros contaminantes de las industrias, a niveles que actualmente ya son alarmantes para la supervivencia de la fauna y la biodiversidad”.