El brusco plan de ajuste por diversas vías que está instrumentando el gobierno de Javier Milei tendrá consecuencias severas para el bolsillo de unas 200 mil familias santafesinas de clase media, a través de un salto considerable en el valor final de sus boletas del servicio eléctrico.

Es importante entender, a grandes rasgos, cómo funciona el sistema. Hay tres etapas: generación, transporte y distribución. La primera de ellas es la “fabricación” de la energía por parte de centrales termoeléctricas, represas, usinas nucleares y parques eólicos, entre otros.

 En la segunda aparecen las operadoras de las líneas de alta tensión, muy visibles en las grandes torres a la vera de las rutas. Y la tercera están las empresas que distribuyen la electricidad a los usuarios, como es el caso en Santa Fe de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Todos los actores integran la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA). 

Así, en el ejemplo de Santa Fe, la EPE hace las veces de minorista que compra energía eléctrica a la mayorista CAMMESA para luego venderla a las familias y empresas que pagan su boleta bimestralmente. Desde ya que esta es una explicación muy simplificada del proceso, pero suficiente para calcular, grosso modo, el tamaño del impacto de las medidas de gobierno.

Costos dolarizados

En este contexto, es necesario señalar que el costo de la energía está dolarizado. Es decir, el precio que paga la EPE al mayorista. El peso de este valor en la factura que llega a los hogares santafesinos está en el orden del 50%, en cálculos que hacen hoy en el gobierno provincial. En consecuencia, con una devaluación del 110%, ese porcentaje se traslada a la mitad de la boleta, si es que no hay intervención estatal que lo amortigüe.

Pero, además, a ese salto del dólar (que promete no ser el último) se le debe sumar la quita total de subsidios nacionales anunciada por el presidente Milei en reiteradas oportunidades y ratificada por el ministro de Economía Luis Caputo.

En el caso de la franja N3, que son los hogares de clase media, hasta ahora el aporte estatal cubría alrededor del 50% de la factura. De esta manera, y siempre teniendo en cuenta que se trata de estimaciones muy preliminares, ese 50% de la factura que pagan alrededor de 200 mil familias de clase media en la provincia sufrirá un aumento cercano al 200%. 

Ese solo elemento supone un piso de duplicación del valor final de la boleta de la luz. No es todo. A ello hay que agregarle el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es la tarifa de la EPE propiamente dicha. Ocupa, según los números que observan en el gobierno provincial, un 30% de la factura que paga el universo de usuarios ya mencionado. 

Ya se definió un incremento, por ese carril, del 9,9% desde enero, variación tarifaria que ya estaba aprobada para ser ejecutada en octubre. No será la última, en tanto se considera en la actual gestión que ese ítem tiene todavía un atraso superior al 20%.