Promulgada y publicada en el Boletín Oficial la reforma previsional que la Cámara baja santafesina sancionó definitivamente el jueves pasado, en medio de incidentes dentro y fuera de la Legislatura, asoma un frente de resistencia judicial por parte de sectores gremiales tocados por la nueva norma, como también por espacios políticos que consideran irregular la última sesión en Diputados.

Según la nueva norma destinada a achicar el millonario déficit previsional, en el marco de la emergencia dictada por dos años y prorrogable por otro más, rige un aporte solidario de pasivos y activos.

En el caso de los pasivos, ese aporte lo pagarán aquellos que perciban más de tres haberes mínimos y de modo ascendente.

También se incrementa el aporte para los activos y hay un tope equivalente a 20 jubilaciones mínimas para los pasivos.

Asimismo, se implementan cambios en el sistema de pensiones, en los requisitos para acceder al beneficio y el cálculo de haberes de los docentes, a la par de retoques en el régimen para los integrantes de las fuerzas de seguridad.

Frente a esas modificaciones, y luego de rechazar el señalamiento de la Casa Gris por los incidentes registrados durante el debate de la reforma previsional en Diputados, Amsafé y Sadop, gremios que agrupan a los docentes públicos y privados, respectivamente, junto a otros actores sindicales del Estado, analizarán a lo largo del fin de semana el texto de la nueva normativa.

Conclusiones en mano, ese arco gremial concretará una presentación colectiva ante la Justicia contra los puntos de la reforma que, aseguran, afectan a sus representados.

Gremios y partidos retrucan

Como antecedente a su favor, los sindicatos ya tomaron nota de resoluciones judiciales en detrimento de la figura del aporte solidario. Asimismo, Amsafé estudia un planteo individual por “el ataque al régimen opcional docente, decretando el fin del 82 por ciento”.

“Prendemos una vela para que salga el amparo y aflojen las acusaciones por los incidentes, algo que le sirve a Unidos para disimular la derrota política, especialmente el socialismo, con la que se fue de la Legislatura”, deslizó a La Capital un referente sindical convencido de la repulsa que genera la reforma.

Por otro andarivel, el bloque Somos Vida (Amalia Granata, Emiliano Peralta, Beatriz Brouwer, Omar Paredes, Alicia Azanza, Edgardo Porfiri y Silvia Malfesi) se apresta a presentar ante la Justicia, entre el lunes y el martes próximos, un planteo de nulidad de la sesión del jueves y una cautelar promoviendo la suspensión de los efectos de la reforma previsional hasta que se resuelva la validez de la accidentada reunión en Diputados.

Más allá de la suerte que corra esa presentación judicial, entre las bancas de Somos Vida confiaron a este diario que el objetivo es “sentar un precedente en defensa de la institucionalidad” en Santa Fe. La misma dirección adoptará su par Verónica Porcelli Baró Graf (Frente Renovador, FR).

A su vez, el Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe expresó su “enérgico repudio" al modo en que la Cámara baja provincial aprobó la reforma.

“La Legislatura no debe ser una oficina del gobierno de Maximiliano Pullaro”, aseveraron en el PJ. Y enfatizaron: “Es inadmisible que se utilicen mayorías circunstanciales para imponer reformas de esta magnitud, sin el debate profundo y respetando los procedimientos establecidos”.

El jueves, tras el cuarto intermedio dispuesto cuando arreciaban los incidentes en la puerta de la Legislatura (siete policías resultaron heridos), el oficialismo rechazó el pedido para volver a votar y quedó firme la reforma previsional. Entre las bancas denunciaron un procedimiento irregular.

Sin embargo, el ministro de Gobierno provincial, Fabián Bastía, minimizó la amenaza de judicialización de la votación en Diputados, como también de los alcances de la reforma jubilatoria.

La nueva ley, en tanto, sigue sacudiendo al Poder Judicial, donde en lo que va de septiembre ya hubo más del doble de presentaciones de renuncia para acceder a la jubilación que las registradas en agosto.