Maximiliano Pullaro decidió profundizar su enfrentamiento con el sindicalismo de Santa Fe. Ahora, el apuntado es el gremio de Luz y Fuerza, que nuclea a los empleados de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). El motivo: el histórico sistema de ingresos a la firma, que prioriza a familiares «como si fueran títulos nobiliarios de la edad media», acusa la Casa Gris.

La embestida surgió a partir de una nota que días atrás le envió Gustavo Puccini al directorio de la EPE, comandado por el radical santafesino Hugo Marcucci. En el escrito, el ministro de Desarrollo Productivo le dio quince días a la empresa para que elabore un “plan integral de recursos humanos” en el que no solo se modifique la política de ingresos, sino que también se analice la capacidad de los empleados que ya forman parte de la compañía y el estado de los recursos materiales.

La movida de la Casa Gris es una más dentro de su enfrentamiento con los gremios de Santa Fe. Antes de la embestida a Luz y Fuerza -cuyo secretario general es Alberto Botto-, el gobierno libró una batalla con los sindicatos docentes en torno al problema del ausentismo y el abuso de licencias; soportó la resistencia de los empleados municipales a la reforma previsional; y libró un operativo para acorralar al cacique sindical de Aguas Santafesinas.

Los «títulos nobiliarios» de Santa Fe.

Según lo que explicó Puccini en su nota, cuando la EPE precisa completar una vacante define “un perfil basado en nivel educativo, jurisdicción y tipo de tarea” y envía una solicitud al gremio, que eleva un postulante y comienza el proceso de empleo. De esta manera, Luz y Fuerza “gerencia” los ingresos, priorizando “familiares y bolsa de trabajo sindical” y obstaculizando “la apertura al resto de la comunidad santafesina”, dicen en el gobierno.

Para la Casa Gris, este mecanismo -“que no busca la idoneidad”- se trata de una “clara demostración de una sociedad de estado arcaica donde existen prerrogativas de sangre a favor de familiares directos y una prioridad de ingreso como si fueran títulos nobiliarios de la edad media”, donde la sola condición de hijo o viuda otorga “derecho o prioridad de ingreso”.

Así las cosas, Puccini le dio quince días al directorio de la EPE para que dicte un nuevo mecanismo de ingreso que garantice “la idoneidad, capacidad y antecedentes del personal” mediante “concursos de ingresos reales, transparentes, públicos y abiertos”.

Las otras exigencias a la EPE.

El mecanismo de ingreso no es lo único a lo que apuntan Puccini y su equipo. En la misiva enviada a la empresa, solicitan también “un diagnóstico de capacidades existentes, debiéndose evaluar las competencias actuales del personal y las habilidades requeridas”, aunque despejan el fantasma de los despidos cuando aclaran que es “al sólo efecto de elaborar un esquema de capacitación y formación laboral permanente”. Eso sí, también quieren que se incluya, de ahora en más, una “evaluación permanente de la idoneidad de los agentes”.

Por otro lado, la conducción del Ministerio de Desarrollo Productivo le ordenó a la EPE confeccionar un informe “de los requerimientos de equipamiento necesario, identificando los recursos y herramientas imprescindibles” y realizar “un análisis funcional de la estructura organizacional” para “maximizar los recursos disponibles y ajustar la organización a las exigencias actuales y futuras”. Este último trabajo, dicen, puede hacerse “de manera directa o a través de un tercero”:

Eficiencia, la razón que aduce Maximiliano Pullaro.

El argumento que aducen en la Casa Gris para justificar el avance que vierte tensión sobre el vínculo con el poderoso sindicato de Luz y Fuerza es la “ineficiencia” de la empresa, una palabra que se repite en el discurso de Pullaro: es el mismo argumento con el que el gobierno validó tanto una movida similar en Aguas Santafesinas como así también su pelea con la Corte Suprema, cabeza de un servicio de justicia que el gobernador considera “caro e ineficiente”.

En la comunicación que firma Puccini, el gobierno señala que en el informe que la EPE presentó en la última audiencia pública surgió que durante 2023 se superó tanto el promedio de cortes de luz que sufren los usuarios como el promedio de duración de esos cortes, comparado con 2020. Si se comparan estos índices con los $85 mil millones en gastos de personal que proyecta la empresa, “se demuestra una clara deficiencia en la administración de los recursos”, justifican en el gobierno de Pullaro.