La pensión de privilegio que cobra Zulema Yoma por Carlos Menem, que tuvo una condena confirmada por la Cámara de Casación, no fue alcanzada por la decisión del gobierno de Javier Milei de poner fin a las asignaciones especiales de exmandatarios sentenciados por corrupción.

En Casa Rosada aseguraban que estaba “fuera de discusión” y que “no se tocaría”, pese a que también estaban quienes buscaban esgrimir argumentos técnicos para justificar la decisión.

Esta mañana, el vocero Manuel Adorni informó que dejarán de pagarle a Cristina Kirchner las asignaciones especiales que percibe por su condición de expresidenta y de viuda del también expresidente Néstor Kirchner. Sobre Menem no hubo anuncio alguno. Adorni, vía X, adelantó que habría más decisiones sobre situaciones similares a la de Cristina Kirchner, pero otras fuentes insistieron: “la de Menem no se toca”.

Según datos a los que accedió LA NACION, Zulema Yoma cobraba en agosto, en condición de cónyuge, $9,2 millones (bruto, sin las deducciones) por la pensión de Menem. En mano eran $5,6 millones. En aquel momento Cristina Kirchner percibía como viuda de Néstor Kirchner $10,3 millones bruto y $5,8 millones neto. Cristina Kirchner recibe hoy de la Anses, según informó el Gobierno, en mano, $21.827.624 ($12.169.597 como jubilación y $9.658.027 como pensión).

Menem, fallecido a los 90 años el 14 de febrero de 2021, se había divorciado de Yoma durante su mandato presidencial. Se casó luego con Cecilia Bolocco en 2001, pero en sus últimos años volvió a convivir con su primera esposa.

Javier Milei ratificó en la red social X que también dejarán de pagarle su jubilación de privilegio a Amado Boudou, condenado por el caso Ciccone (con sentencia firme).

Menem fue condenado por el caso de los sobresueldos pagados a funcionarios durante su Gobierno. La condena la ratificó la Casación y estaba desde hacía dos años en la Corte Suprema cuando Menem murió.

“Algunos están consultando si la asignación de privilegio que cobran otras personas en similares condiciones se darán también de baja. La respuesta es la obvia: por supuesto. Fin”, dijo Adorni, que no detalló por qué hasta ahora sólo lo hizo con Cristina Kirchner.

Todos los beneficiados

Según el último informe oficial al que tuvo acceso LA NACION, solicitado por Chequeado, son 13 los beneficiarios de pensiones vitalicias correspondientes a presidentes y expresidentes. Los condenados son Fernández de Kirchner, Boudou y Menem.

El resto de los que perciben estos ingresos son María Estela Martínez de Perón; Amalia Carmen Guido, hija mayor del expresidente José María Guido; Julio Cobos; Bety Nelly Andrés, viuda del presidente de facto Roberto Levingston; Daniel Scioli, actual secretario de Deportes, Turismo y Ambiente; Adolfo Rodríguez Saá, presidente interino por una semana; Inés Pertiné, viuda de Fernando de la Rúa; Mauricio Macri; Gabriela Michetti y Alberto Fernández.

Los fundamentos

En los fundamentos de la resolución sobre Cristina Kirchner, el Gobierno recordó que ayer “la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Federal ha confirmado la condena recaída” contra la expresidenta rechazando, “por unanimidad, los recursos de casación interpuestos por las defensas y, por mayoría, por el Ministerio Público Fiscal”. Relató que ayer mismo, la Secretaría Legal y Técnica de la Anses “requirió que se analice e instrumente las medidas que correspondan para la baja de las asignaciones que percibe” la Señora Cristina Elisabet Fernández de Kirchner de la Anses “dada la confirmación de la condena recaída”.

La resolución sostiene: “La finalidad de las asignaciones oportunamente otorgadas a favor de la titular, ya sean directas o derivadas, devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.

Menem fue condenado a cuatro años y medio de prisión en un juicio oral celebrado en 2015, con ratificación de la Cámara de Casación en 2018, por el delito de peculado durante su paso por el Poder Ejecutivo. Se dio por probado que existió “un sistema clandestino de pago” a través de montos obtenidos de fondos reservados, que permitía su disposición en efectivo y no exigía rendición de cuentas. La Cámara consideró que hubo una maniobra de “sustracción sistemática y de manera continua de caudales públicos” durante su presidencia (1989-1999).