Un nuevo capítulo se sumó a la disputa de Vicentin. La cerealera denunció por “estafa procesal y extorsión” a un grupo de empresas y al empresario Mariano Grassi ante la justicia provincial. Según la denuncia, estas partes se habrían opuesto a validar la oferta presentada por Vicentin a sus acreedores.
La denuncia fue radicada en la Fiscalía Regional N°4 de Reconquista, que lleva adelante la investigación contra Commodities, Olzen y Grassi por “su participación en una multiplicidad de hechos que configurarían los delitos de estafa procesal y extorsión”, de acuerdo con lo señalado por la firma.
Tras la denuncia formal, el juez Santiago Banegas resolvió este lunes “hacer lugar a la participación como querellante de Vicentin en el proceso, poniendo en conocimiento al Ministerio Público de la acusación”.
En un extenso escrito, Vicentin manifestó haber descubierto una serie de “maniobras coordinadas mediante diversos hechos que persiguen impedir el acuerdo entre Vicentin y sus acreedores, con el fin de tomar el control irregular de la sociedad, mediante el montaje de sociedades en apariencia independientes, cuyos pedidos encontraron eco en funcionarios judiciales llevados a error por la sofisticación del ardid empleado”.
Acusaciones contra Commodities
Según la denuncia, la firma Commodities habría presentado "una falsa denuncia contra Renova, acusándola de haber transferido a Vicentin una deuda pese a que Commodities verificó su crédito en el concurso” y por “haber cedido su crédito a sus accionistas y continuar agrediendo a Vicentin sin haber informado de esta cesión”.
Además, se señala que Commodities solicitó “una medida cautelar de trámite irregular al Juez Posma (que hoy se encuentra en etapa de investigación penal en Rosario) para que éste ordene al Juez Fabián Lorenzini que se abstenga de homologar el concurso de Vicentin”.
Acusaciones contra Mariano Grassi
En cuanto a Mariano Grassi, Vicentin lo señala como “el autor intelectual del plan de adquisición de Vicentin presentado junto a CIMA -hoy CFS Advisors- (una ALYC del Mercado de Capitales) o por ser la persona responsable detrás de sociedades” utilizadas para entorpecer el concurso.
También lo acusa de “haber intentado llevar el concurso de Vicentin a Rosario, donde claramente tiene mayor influencia” y de “haber fraguado la existencia de un Fideicomiso que nunca recibió los bienes fideicomitidos”.
La querella indica que “sistemáticamente se reitera la misma ecuación: el estudio jurídico donde trabaja la abogada Cosentino es ‘Casanova; Mattos, Salvatierra, Freser’, estudio que representa al Grupo Grassi, y que también representa a Olzen y a una Asociación Civil llamada Red de Consumidores”. Este estudio, según la denuncia, realizó presentaciones ante la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor para pedir medidas cautelares que "tuvieron como objeto suspender provisoriamente los efectos de los contratos celebrados con los Inversores Estratégicos; medidas todas que consiguieron, al menos parcialmente”.
Consecuencias
Finalmente, Vicentin concluyó que las víctimas de este “plan orquestado” son la propia empresa y “los verdaderos acreedores de la sociedad, que ven demorado el pago de sus acreencias en los términos del Acuerdo Concursal”. También mencionaron a los trabajadores de Vicentin, quienes “hoy se ven compelidos a enfrentar un Procedimiento Preventivo de Crisis por causa de la pérdida de caja de la empresa, motivada por la demora de 2 años y medio en homologar el expediente”.