El Gobierno buscará desarmar la legislación laboral que garantizó un piso de derechos mínimos a los peones rurales. Bajo el nombre de "modernización del Régimen de Trabajo Agrario", los libertarios darán de baja la actual ley del peón rural, sancionada en 2011.

   El pedido surge de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y apunta a desarticular una legislación que les otorgó a los trabajadores rurales los mismos derechos que los estipulados en la Ley de Contrato Laboral: jornada de ocho horas, jubilación anticipada, acceso a vivienda y alimentos para los trabajadores intensivos, salario mínimo garantizado, entre otros.

   La norma, que ahora se busca derogar, establecía una serie de medidas para controlar y evitar los abusos de los empresarios rurales vinculados a la registración y la tercerización en las maneras de contratación; a su vez, se fijaban controles específicos para garantizarle a los peones condiciones socioambientales dignas y un esquema de multas y sanciones por evasión a los aportes patronales.

   De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Economía, los cambios en la legislación laboral para el sector rural se harán bajo el amparo del DNU 70/23, publicó el portal Infogremiales.

   "El DNU 70/23 baja las penalidades para el trabajo no registrado y recupera la bolsa de trabajo que tenía la UATRE, que le permitía la libertad de contratación sin ningún tipo de garantías a los dueños de los campos, tal como existía en la vieja ley del trabajo rural de la dictadura", explicó Luis Palmeiro, abogado laboralista, representante de la Federación de Trabajadores de la Economía Social e El Destape.

   La ley 26.727, sancionada en diciembre de 2011 bajo la administración de CFK, prohibía la actuación de empresas de servicios temporarios, agencias de colocación o cualquier otra empresa que provea trabajadores para la realización de las tareas y actividades vinculadas al ámbito rural.

   Vale remarcar que entre 16 actividades relevadas por el Indec, la de mayor informalidad es la agricultura. En ese sector hay actualmente 917.000 asalariados y entre ellos, apenas 329.000 están en blanco; los otros 588.000 se encuentran en la informalidad. En términos porcentuales, el nivel de informalidad de ese rubro llega al 64,12%.