El pasado viernes 20 de diciembre de 2024, en los tribunales de Reconquista, la jueza penal Claudia Bressán dictó sentencia contra Diego Gabriel Ojeda, de 41 años, condenándolo a 9 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por la guarda.

La condena se estableció mediante un procedimiento abreviado consensuado entre la fiscal Georgina Díaz, el abogado querellante Carlos Latasa, y el defensor público Orlando Toniolo. Este acuerdo contó con el consentimiento expreso de los padres de la víctima, una niña de 12 años, quienes participaron activamente en la audiencia y respaldaron el proceso.

Los hechos

Según se desprende de la investigación, los hechos ocurrieron entre agosto y septiembre de 2023, durante la siesta de un fin de semana. La víctima, quien estaba bajo el cuidado de su tío, fue atacada mientras se encontraba sola en su domicilio. En el relato de la menor, no pudo precisar con exactitud la fecha, lo que no impidió que las pruebas fueran concluyentes para determinar la responsabilidad de Ojeda.

El condenado, identificado como Diego Gabriel Ojeda, DNI 29.853.620, reside en el barrio Loteo Belén de la ciudad de Reconquista. La gravedad del hecho, sumada a la condición de vulnerabilidad de la víctima, fueron determinantes para la calificación legal del delito y la pena impuesta.

La importancia del procedimiento abreviado

El procedimiento abreviado permitió evitar la revictimización de la menor, ahorrándole el trauma de un juicio oral. Este tipo de procesos, aunque controvertidos en algunos casos, ofrecen una solución ágil en situaciones donde las pruebas son contundentes y los implicados acuerdan los términos de la condena.

Impacto en la comunidad

Este caso ha generado conmoción en Reconquista, una ciudad que en los últimos años ha evidenciado un aumento en la denuncia de delitos sexuales. Las organizaciones sociales y las autoridades locales han reiterado la necesidad de fortalecer las políticas públicas de protección a menores y garantizar que los responsables de estos delitos enfrenten las penas correspondientes.

La sentencia contra Ojeda marca un precedente importante en la región y envía un mensaje claro: los delitos sexuales no quedarán impunes, y las víctimas contarán con el respaldo del sistema judicial.

Un llamado a la reflexión

Casos como este ponen en relieve la necesidad de reforzar la educación en derechos, las campañas de prevención y la creación de espacios seguros para menores. Además, evidencian la importancia de una respuesta judicial rápida y eficaz, que priorice el bienestar de las víctimas y el cumplimiento de la ley.

Con esta condena, se cierra un capítulo doloroso para la víctima y su familia, pero se abre el camino para continuar trabajando por una sociedad más segura y justa para todos.