Un policía de 47 años, identificado como Rolando Antonio Senn, fue condenado a tres años y 15 días de prisión de cumplimiento efectivo por encubrir el robo de seis terneros y participar en su venta ilegal en Fortín Olmos, departamento Vera. Además, se le inhabilitó para ejercer funciones públicas por cuatro años, medida que será comunicada al Ministerio de Justicia y Seguridad.  

El juicio oral, celebrado en los tribunales de Vera, concluyó con la sentencia dictada por el juez Santiago Banegas, quien respaldó la acusación de la Fiscalía y rechazó cuatro planteos de la Defensa. Actualmente, Senn ocupa un cargo jerárquico en la Policía de Seguridad Vial con sede en el norte de la provincia.  

Delitos comprobados

El fiscal Leandro Benegas, encargado de la investigación, señaló que los hechos ocurrieron en septiembre de 2020, cuando Senn era parte de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas. Según Benegas, Senn supo que un peón rural había robado seis terneros de las razas Brangus y Aberdeen Angus, y en lugar de denunciar el abigeato, decidió encubrirlo.  

El uniformado vendió los animales como si fueran propios, actuando como intermediario entre el ladrón y un comprador. Incluso recibió dinero por la transacción realizada en el campo de origen de los terneros. Además, omitió solicitar la documentación correspondiente de los animales vendidos, dificultando la trazabilidad y encubriendo el delito original.  

Calificación penal y medidas cautelares

Senn fue condenado como autor de encubrimiento agravado debido a que el delito original, el abigeato, es considerado especialmente grave. Aunque llegó al juicio en libertad, el fiscal Benegas solicitó una audiencia para definir medidas cautelares hasta que el fallo quede firme, adelantando que se pedirá su prisión preventiva.  

El caso del peón rural

Respecto al peón involucrado, Benegas informó que fue investigado penalmente y en abril de 2021 se le aplicó un criterio de oportunidad, con el acuerdo de la víctima. El trabajador rural entregó 1.200.000 pesos como reparación económica al propietario de los animales sustraídos.  

La sentencia busca enviar un mensaje claro sobre la necesidad de combatir los delitos rurales y la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad.