Desde abril los hospitales públicos no cuentan con los esquemas adecuados de tratamiento para las personas viviendo con VIH, hay falta de reactivos para medir las cargas virales de las y los pacientes y también escasean los preservativos. La situación podría agravarse en 2025, porque el proyecto de presupuesto que el gobierno de La Libertad Avanza presentó al Congreso refleja una reducción presupuestaria significativa para la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, según una denuncia pública del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis.

Pese a que la inflación interanual del 236 %, la Dirección de Respuesta al VIH funciona bajo el último presupuesto aprobado, que es el de 2023, en el cual recibió 21 millones de pesos, aunque las organizaciones sociales señalan que necesitaba el doble. El presupuesto proyectado para 2025 es de 23 millones, solo dos millones más que el actual. Si este monto se calcula en dólares, el desfinanciamiento de la dirección es del 76 %.

“Esto va a significar que la salud de muchas personas, por no tener acceso a su medicación, se deteriore, suba su carga viral, bajen las defensas y entonces puedan tener diferentes enfermedades oportunistas. Atenta, no solamente contra la salud, sino contra la vida de las personas”, indica José María Di Bello, de la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP) y miembre del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis.

Esta semana, el Frente Nacional publicó un comunicado que alerta sobre las consecuencias de la reducción presupuestaria en Salud, pero también sobre la escasez de los medicamentos que hay en los hospitales públicos del país para pacientes con VIH, por la falta de compras durante 2024. 

En FGEP han dado seguimiento al faltante de medicamentos desde inicio de año y han recibido denuncias de más de dos mil personas usuarias del sistema de salud que no han podido acceder a su esquema de medicación adecuado: aquellas que ya habían reducido de tres a dos sus medicamentos, se han visto forzadas a volver a la triterapia, y esto les conlleva a problemas en su adhesión al tratamiento.

Además, las organizaciones sociales que conforman el frente denuncian que el gobierno no ha resuelto la compra de reactivos para estudios de carga viral y células CD4, fundamentales para que las personas con VIH conozcan cuál es su estado de salud y si han pasado a ser indetectables, es decir, que ya no pueden trasmitir el virus. 

La escasez de estas pruebas, según Di Bello, ya la atraviesan hospitales de varias provincias, al igual que la falta de preservativos. “Este año, de alguna manera, lo que hicieron fue sostenerse con el stock que quedaba de medicamentos de años anteriores, pero han roto la previsibilidad en compras y stock de medicamentos. La situación es gravísima”, advierte le activista.

El brutal ajuste fiscal realizado por el gobierno de Javier Milei implica el desfinanciamiento de los servicios públicos como la salud y la educación, y se traslada a la falta de insumos, despidos o renuncias masivas que hacen inviable el funcionamiento de las instituciones. Esto se suma a una agenda antiderechos del gobierno de Libertad Avanza: cerró el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, de donde dependían políticas públicas a favor de las mujeres y las disidencias sexuales; despidió al 10 % de las personas trans contratadas bajo la Ley del Cupo Laboral Travesti Trans, prohibió el lenguaje inclusivo en las dependencias estatales y también contenidos relacionados con la diversidad sexual.

En medio el descontento social, este martes, diferentes sectores de la sociedad civil - médicxs, residentes, profesorxs y estudiantes universitarixs y jubiladxs- realizaron la Marcha Blanca. En la movilización, que partió desde el Congreso de la Nación hacia la plaza de Mayo, denunciaron los recortes presupuestarios a hospitales y universidades, los intentos de cierre de los hospitales, los despidos y la precarización laboral.

En la marcha, una médica residente del Hospital Posadas, un referente en salud en el AMBA, contó a Soy cómo deben lidiar con la falta de medicamentos e insumos para atender a las y los pacientes con VIH que se acercan a sus consultorios. “Hay muchos esquemas de tratamientos que estamos teniendo que cambiar, dependiente de la disponibilidad que tenemos. Esto, la verdad, nos afecta porque hay pacientes que están acostumbrados a un esquema y de repente se ven obligados a optar a otro, porque no tenemos disponibilidad”, confirmó la médica, quien no quiso identificarse.

La residente agregó que, a raíz de esta escasez de tratamientos, ya no pueden darle la medicación a pacientes por hasta tres meses, como se hacía antes. Ahora los pacientes deben acercarse de forma continua al hospital para pedir la prescripción y solicitar los antirretrovirales.

“Vos pensá que no solo es el tratamiento, hay personas que, además de tener VIH, no tienen trabajo, no pueden pagar un bondi, un subte a 750 pesos, hay una crisis habitacional en donde no se puede alquilar. Y, sin ir más lejos, el 52 % de las personas en Argentina vivimos en la pobreza”, apunta Ari Correa, activista VIH y también miembro del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis.

Para Correa, el cambio de esquema de tratamiento en VIH significa “un golpe bajo” en la adherencia de las personas a la medicación y es un eslabón más a las dificultades económicas y de salud mental que ya enfrenta la sociedad argentina en medio de la crisis económica. Según el activista, no hay precedentes de una situación similar en los hospitales públicos, pues durante la gestión de Mauricio Macri faltó medicación, pero el problema se resolvió después de una toma del Ministerio de Salud y diálogos con representantes de esta cartera de Estado.

La nueva Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis, aprobada en 2022, ordena al Gobierno Nacional que garantice los tratamientos médicos de las personas viviendo con VIH y también contempla a una comisión que vele por estos temas. La comisión es de carácter interministerial e intersectorial, y está conformada por sectores estatales, científicos y por organizaciones de la sociedad civil.