El Gobierno oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, a cargo de los programas Procrear y Casa Propia. La medida fue dispuesta mediante el Decreto 70/2025 y busca trasladar la responsabilidad de las políticas habitacionales a provincias, municipios y actores privados.

Según comunicó la Casa Rosada, la decisión "responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia".

La mayoría de las tareas de la Secretaría se ejecutaban a través de tres fondos fiduciarios que han sido disueltos o están en proceso de liquidación. Estos mecanismos, según el comunicado, registraron "mal uso de recursos, falta de controles y escasos resultados".

El destino del Procrear

Procrear: el Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar fue disuelto mediante el Decreto 1018/2024. Una auditoría de la Sigen detectó fallas como demoras en la entrega de viviendas y unidades sin condiciones de habitabilidad.

Fondo para la Vivienda Social: clausurado por el Decreto 6/2025, el Gobierno señaló que había sido utilizado con "fines políticos y clientelísticos", además de evidenciar numerosas irregularidades.

Fondo de Integración Socio Urbana (FISU): actualmente se encuentra en proceso de disolución.

La norma publicada en el Boletín Oficial establece que la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la Dirección Nacional de Arquitectura pasarán a depender de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, bajo la gestión de Sebastián Pareja.

Para garantizar una transición ordenada, se creó una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET) encargada del proceso de cierre de la Secretaría.

Desde Casa Rosada afirmaron que la reestructuración apunta a "cambiar el modelo de corrupción de sueños compartidos por uno basado en el crédito privado y la libertad".