Por Carlos del Frade (diputado provincial)

“…Necesitamos bajar la edad de imputabilidad, y no solo eso. Necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal. Sí, todas las penas del Código Penal. Emprendiendo así la reforma del Código Penal más importante de los últimos cien años, algo que tiene que ocurrir en carácter de urgente. Pero el problema no se limita al crimen ordinario. El narcotráfico y el terrorismo representan un peligro claro y presente para los argentinos. Desde las ciudades tomadas por el narco, hasta la tragedia de la familia Bibas, todos los días nos recuerdan que los argentinos necesitamos instrumentos para luchar contra quienes quieren atentar contra nuestras vidas. No tendremos piedad con el crimen organizado ni con el terrorismo. Para ello la flamante Ley Antimafia nos permitirá meternos sin la intermediación de gobiernos locales en las madrigueras del narcotráfico. Además, estamos trabajando en una Ley de seguridad nacional que le provea herramientas al Estado Nacional, a nuestro servicio de inteligencia y a nuestras Fuerzas para perseguir a quienes quieren atentar contra la vida de los argentinos…”, dijo el presidente Javier Milei el sábado primero de marzo de 2025 al inaugurar el nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación que todavía se llama Argentina.

La baja de edad a 13 años solamente atenderá al 0,45 por ciento de los homicidios que se cometen en el país, según los datos oficiales que surgen de las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es una reforma inútil, además de hipócrita y cobarde.

Pero al hablar de narcotráfico, el presidente Milei habla de “madrigueras” y apunta, como lo hace Estados Unidos desde los años setenta en adelante, período en el que surgió la ley antimafia conocida como Ley Ricco, en octubre de 1970 y en pleno auge de la guerra fría, hacia abajo, como si el negocio de las drogas fuera originado en los sectores humildes de las poblaciones.

Y es exactamente al revés.

De allí que recordamos las definiciones del informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, publicado en 2022, que habla de los flujos de dinero ilegales.

Primero, la dimensión de las supuestas “madrigueras”: “En 2014, el valor del mercado mundial del tráfico de drogas se estimó entre 426.000 millones y 652.000 millones de dólares. Ello representa aproximadamente un tercio de los ingresos totales de la delincuencia transnacional, que se calculan entre 1,6 y 2,2 billones de dólares al año 12”.

No se trata de un problema militar o policial, si no de flujos de dinero que circulan por los bancos y últimamente por las criptomonedas:

“Para los grupos delictivos organizados, generar ingresos es un objetivo clave: la financiación aporta oxígeno a las redes delictivas y estas obtienen poder de su riqueza y lo utilizan para corromper y cooptar a rivales, facilitadores y funcionarios gubernamentales y de seguridad. La financiación es indispensable para apoyar y mantener el mando y el control, el personal, las armas, las comunicaciones, la logística y las operaciones de los grupos delictivos organizados. Por esa razón, seguir el rastro del dinero y desmantelar los flujos financieros ilícitos puede inhabilitar a esos grupos.

“Los bancos tradicionales siguen siendo los mecanismos preferidos para el blanqueo de dinero…El ciberespacio y las criptomonedas se están perfilando como una nueva frontera para los grupos delictivos organizados que se disputan el control de los enormes mercados delictivos de drogas, armas, sexo y personas”, apunta el informe de la JIFE.

El flujo del dinero del narcotráfico es inherente al desarrollo del capitalismo en los últimos sesenta años como bien lo dijeron desde el FMI, tan necesario para esta administración, hasta el Banco Mundial y las Naciones Unidas.

Lo segundo es la exageración, siempre sinónimo de profundidades intelectuales de charco, al hablar de “ciudades tomadas por el narco”.

Nunca hubo en Argentina semejantes realidades. Desde Salta a Rosario, desde el conurbano bonaerense a Córdoba, siempre existieron bandas narcopoliciales barriales, algunas con fuerte desarrollo económico y poder de fuego y que nunca superaron el 15 por ciento de esos mapas urbanos.

La responsabilidad política de los gobiernos provinciales está en separar esos nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad, tanto federales como subnacionales.

En tercer lugar, hablar de seguridad nacional es remitir el negocio multinacional y paraestatal del narcotráfico a una línea de pensamiento que pretende convertir las fuerzas armadas en policías nacionales, tal como sucedió con resultados dramáticos en Colombia, México, Brasil, Ecuador y Perú.

Y hacer de esas supuestas amenazas a la seguridad nacional una excusa para comprar desde cámaras de seguridad a helicópteros, aviones y lanchas que solamente le sirven a las empresas internacionales que tienen altos funcionarios como representantes de sus intereses.

La cuarta observación es que no hay tranquilidad sin recuperar la vida mejor en los barrios y eso supera lo que puedan hacer los patrulleros y las cámaras de seguridad. Los asesinatos son consecuencias de las formas de vivir. La motosierra no entiende esto pero una vida que tenga acceso al trabajo, la educación, la cultura, la alegría y el deporte está más lejos de los negocios de las armas y el narcotráfico.

El quinto elemento, entonces, radica en saber que la política económica sin regulación, irremediablemente, genera más flujos de dinero ilegales, entre ellos los procedentes del narcotráfico, el contrabando de armas y la trata de personas.