La agroexportadora argentina Vicentin ha informado oficialmente que no podrá afrontar el pago total de los salarios de febrero debido a su crítica situación financiera. Según el comunicado emitido por la empresa el 9 de marzo de 2025, solo podrá depositar el 30% del neto de los haberes, comprometiéndose a completar los pagos en la medida en que reciba ingresos por la comercialización de sus fazones. La compañía argumenta que la demora en la resolución de su concurso de acreedores, iniciado hace más de cinco años, ha llevado al deterioro de su caja y le impide cumplir con sus obligaciones salariales.

Cinco años de incertidumbre judicial

Desde que Vicentin entró en cesación de pagos en diciembre de 2019, la empresa ha intentado reestructurar su deuda a través de un concurso de acreedores que, hasta la fecha, no ha sido resuelto. La falta de una decisión judicial definitiva ha generado un efecto devastador en su flujo de caja y ha limitado severamente su capacidad operativa.

En un nuevo intento por destrabar el proceso, la empresa presentó recientemente un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de la Nación intervenga y defina la homologación del acuerdo alcanzado con los acreedores. Vicentin sostiene que la paralización del concurso ha impedido la llegada de inversiones clave y ha dificultado el acceso al crédito, factores esenciales para la reactivación de sus actividades productivas.

La agroexportadora acusa a la Corte Suprema de Santa Fe de haber obstaculizado el proceso al dejar sin efecto la homologación del acuerdo aprobada previamente por la Cámara de Apelaciones de Reconquista. Además, denuncia que los jueces Rafael Gutiérrez y Daniel Erbetta intervinieron en la causa a pesar de haber manifestado previamente su postura en contra de la homologación.

Impacto en la cadena productiva

La crisis financiera de Vicentin no solo afecta a sus empleados, sino que también golpea a toda la cadena productiva que depende de su operatividad. Actualmente, la empresa opera con capacidad reducida, lo que impacta en productores, transportistas y proveedores que dependen de su actividad.

Según el comunicado, los salarios pendientes se completarán con los ingresos que se obtengan a través de los fazones, es decir, a medida que se procesen y comercialicen los granos que recibe para molienda. Sin embargo, la falta de previsibilidad en los ingresos y la ausencia de una línea de financiamiento clara agravan la incertidumbre.

Con más de 1.200 empleados directos y miles de trabajadores indirectos afectados, la situación preocupa no solo a los trabajadores, sino también a toda la industria agroexportadora, que observa con preocupación el prolongado desenlace del concurso.

La intervención de la Corte Suprema de la Nación

El recurso presentado por Vicentin ante la Corte Suprema de la Nación busca revertir el fallo de la Corte Suprema de Santa Fe y destrabar el concurso. La empresa advierte que, si la homologación del acuerdo con los acreedores no se resuelve de manera favorable, la quiebra podría ser inminente, ya que no existen oferentes interesados en presentar una propuesta alternativa en el marco del cramdown.

El proceso judicial ha estado marcado por conflictos legales y disputas entre los distintos actores involucrados. La retención del expediente del concurso por parte del tribunal santafesino durante más de ocho meses sin justificación ha sido señalada como un factor clave en la paralización del proceso. En este contexto, la intervención de la Corte Suprema de la Nación aparece como la última esperanza de la empresa para evitar su liquidación.

Contexto histórico de la crisis de Vicentin

La crisis de Vicentin se remonta a diciembre de 2019, cuando la empresa entró en cesación de pagos con una deuda superior a los 1.300 millones de dólares. En febrero de 2020, la compañía solicitó el concurso preventivo de acreedores, argumentando un “estrés financiero” que le impedía cumplir con sus compromisos.

Desde entonces, la firma ha estado inmersa en un proceso judicial prolongado, con múltiples intervenciones políticas y judiciales. En 2020, el gobierno de Alberto Fernández intentó expropiar Vicentin con el objetivo de salvaguardar los empleos y la producción agroexportadora, pero el plan fue finalmente descartado.

Más recientemente, en diciembre de 2024, el grupo inversor CIMA SA adquirió la deuda que Vicentin mantenía con un grupo de bancos internacionales, convirtiéndose en su principal acreedor. Esta operación, que involucró 447 millones de dólares, buscaba destrabar el proceso judicial y facilitar la reestructuración de la empresa, aunque hasta ahora no ha logrado resultados concretos.

Incertidumbre y expectativa

Mientras la empresa espera una respuesta de la Corte Suprema de la Nación, los trabajadores se enfrentan a un escenario de incertidumbre total. La imposibilidad de cobrar sus salarios en tiempo y forma agrava aún más la crisis y aumenta la tensión en un conflicto que parece no tener fin.

El desenlace de este proceso será determinante no solo para el futuro de Vicentin, sino también para toda la cadena agroindustrial que depende de su continuidad. A la espera de una definición judicial, la empresa y sus trabajadores atraviesan un momento crítico, con el riesgo latente de una quiebra que podría generar un impacto devastador en el sector.