El salario mínimo, vital y móvil se desplomó un 30% en apenas tres meses, afectando el poder de compra de millones de trabajadores argentinos. Así lo indica un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires, donde se establece que el ingreso básico vigente en febrero de 2025 no logra siquiera igualar el valor que tenía en el año 2001, cuando la convertibilidad ya tambaleaba.

El informe, elaborado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria señala que el salario mínimo se fijó en $292.446 en febrero, después de ajustes ínfimos del 0,3% en diciembre y enero, y una caída del 0,4% en el segundo mes del año. El derrumbe real comenzó con el cambio de gobierno en diciembre de 2023, cuando una devaluación inicial del 120% pulverizó el poder adquisitivo. La inflación de diciembre superó el 25%, y en enero volvió a golpear con fuerza, dejando una contracción acumulada difícil de revertir.

El deterioro no encuentra comparación reciente. En términos reales, el salario mínimo actual equivale a apenas el 39% de su punto más alto en 2011. En apenas 15 meses de gestión libertaria, los trabajadores formales que dependen de este ingreso perdieron más que en todo el período presidencial anterior. El ajuste no se distribuyó: se impuso por decreto, desarticulando el Consejo del Salario y anulando cualquier intento de concertación con gremios o empleadores.

La precarización salarial contrasta con los datos del empleo formal, que mostró señales débiles de recuperación, aunque aún lejos de los niveles de 2023. En diciembre del año pasado, se registraron 6,25 millones de empleos privados, sin contar el servicio doméstico. Esta cifra representa 105.000 puestos menos que el mismo mes del año anterior, una merma del 2%.

Desde agosto de 2024 se observa una curva tenue de crecimiento: mil empleos nuevos ese mes, ocho mil en septiembre, y aumentos marginales en los meses siguientes. Sin embargo, el ritmo resulta insuficiente frente a la demanda del mercado laboral. Las cifras del SIPA y la Encuesta de Indicadores Laborales confirman esta fragilidad: diciembre volvió a marcar un retroceso, y enero apenas logró un repunte del 0,1%.

El panorama general revela una combinación preocupante: salarios en retroceso y empleos estancados. El informe de la UBA deja una advertencia clara: si no se aplica una recomposición sustancial, la distancia entre el ingreso real y el costo de vida continuará ampliándose, condenando a una porción cada vez mayor de la población activa a condiciones laborales propias de una crisis estructural.