La familia de una mujer debe afrontar gastos de medicamentos, pañales, geriátrico y silla de ruedas. Una acción de amparo ante la Justicia Federal espera una respuesta de la obra social.
Una jubilada rosarina de 100 años de edad demandó judicialmente al Pami para obtener la cobertura que necesita de la obra social para acceder a medicamentos, pañales y una silla de ruedas, entre otros gastos. La mujer no posee movilidad en los miembros inferiores y además debe afrontar gastos de pañales, por lo que acudió a la Justicia Federal que se ordene la atención de su caso en forma inmediata, ya que no puede “seguir esperando”. Según publica el periodista Alberto Furfari, dichas prestaciones son cubiertas actualmente por su único hijo superviviente, que se hace cargo del copago en farmacias y el excedente sobre los demás productos que Pami reconoce mensualmente, además de una cuota en un geriátrico. En la acción de amparo, la jubilada considera que el grave comportamiento del Pami “avasalla con manifiesto desinterés y desprecio sus derechos fundamentales, condicionando negativamente a cada momento en que esta situación se mantiene, su salud física y mental en una clara dinámica de daño continuado, que debe detenerse de manera urgente”. “A mis 100 años de edad, lo que se reclama no puede seguir esperando. No tengo más tiempo para aguardar al Pami, que claramente especula con el ahorro económico que significaría mi deceso, dilatando la resolución del trámite y se pronuncie reconociendo lo obvio”, manifestó la mujer, según la citada publicación.
Se trata del empresario y director de La Derecha Diario, Fernando Cerimedo. Los cargos incluyen abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal.
El procurador de Santa Fe, Jorge Barraguirre, analizó el recurso de queja presentado por Commodities SA y rechazó los 6 puntos planteados, respaldando la homologación del concurso.
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En una sentencia firmada por Rosenkrantz, Rosatti y Maqueda, los jueces del máximo tribunal dejaron firme un fallo que indica que la reclusión perpetua afecta el "derecho a la esperanza" de un condenado. Lorenzetti no acompañó.
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